Por: Diego Hernán Armesto
El Congreso de la Nación cumple un rol fundamental en tanto no sólo constituye el ámbito de representación del Pueblo, sino que también es quien debería poner un freno a cualquier intento de hegemonía y de prepotencia del Poder Ejecutivo sobre los otros poderes. No se trata, entonces, de una mera máquina de sancionar leyes. Sin embargo, en los últimos tiempos ese rol se fue desvirtuando. Como sostenía el Convencional Alberto Natale, el Congreso se transformó en un enorme palacio muy vistoso pero vacío de poder.
Así, las funciones de este último se fueron alterando, produciendo un vacío de poder, en detrimento de la misma soberanía del pueblo, por cuanto éste no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes, sumado al “populismo” reinante que, parafraseando a Sebrelli, tiene las siguientes características: no existe el sistema de partidos, la relación del líder es directa con las masas y todo ello produce un deterioro de las instituciones, dando lugar a que los controles se debiliten y que la regla sea la corrupción.
A esto se agrega que, desde el año 2002, vivimos en una suerte de eterna “emergencia”, debido a que las facultades del Congreso fueron delegadas al Ejecutivo, quien, además, no duda en utilizar Decretos de Necesidad y Urgencia para legislar. Todo ello sumado a que el impulso legislativo en las Cámaras no lo dan las minorías, sino que la “agenda” de temas a tratar es fijada por la mayoría, por el oficialismo de turno, lo cual se evidencia notoriamente en la actividad congresional de los últimos períodos ordinarios (que se extienden desde el 1º de marzo hasta el 30 de noviembre de cada año).
Haciendo foco en las sesiones de la Cámara de Diputados, durante el período 130° (2012) se llevaron a cabo 18 reuniones: 11 sesiones especiales y 7 ordinarias; en el período 131° (2013) hubo un total de 12 reuniones: 6 especiales, 4 ordinarias y 2 manifestaciones en minoría; y en el 132° (2014) hubo tan sólo 11 reuniones: 4 especiales, 2 informativas, 1 ordinaria y 5 manifestaciones en minoría. En suma, de las 41 reuniones totales de los últimos tres años podemos contabilizar 20 sesiones especiales, 12 ordinarias, 2 informativas y 7 en minoría.
Al respecto, cabe aclarar que las sesiones ordinarias o sobre “tablas” son aquellas que se celebran en las horas y días establecidos por el cuerpo; las informativas son aquellas donde el Jefe de Gabinete se presenta ante alguna de las Cámaras con el fin de brindar el informe respectivo; las sesiones en minoría tienen lugar cuando fracasa una sesión especial -en ellas, el presidente autoriza las expresiones en minoría de aquellos diputados que hayan suscripto la nota de convocatoria-; y, finalmente, las sesiones especiales son aquellas que se celebren fuera del horario y día establecidos, por resolución de cada Cámara, a petición del Poder Ejecutivo, o por un número no inferior a diez diputados, dirigida por escrito al presidente y debiendo expresarse en todos los casos el objeto de la convocatoria.
Podemos observar, entonces, que la mayoría reinante en la Cámara de Diputados ha hecho uso de las sesiones especiales como una herramienta eficaz para imponer la agenda del Poder Ejecutivo. Las razones de ello son más que claras: este tipo de reuniones no permite “salirse” de lo establecido en la citación, es decir que no existe posibilidad alguna de plantear otro tema más que aquel por el cual se ha convocado dicha sesión. Entre los temas que se han tratado en este tipo de sesiones podemos mencionar la reforma de la carta orgánica del BCRA, la firma del Convenio entre Argentina y Repsol S.A., el traspaso de los subtes y la Declaración de Utilidad Pública de la Compañía de Valores Sudamericana (Ciccone).
A nuestro entender, el Congreso es el ámbito fundamental donde se construye la democracia. En este sentido, el oficialismo de turno no debería imponerse por la fuerza del número y los debates no deberían obturarse con frases tales como “acá se hace lo que pide la Presidente” o “no se aceptan modificaciones”, sino que debería buscarse el diálogo, aquellos lugares comunes donde todas las voces puedan ser escuchadas y donde el disenso pueda ser un aporte importante para transformar la realidad. El sistema democrático debe consolidarse por el equilibrio de fuerzas, por cuanto no debe haber fuerzas hegemónicas que tengan la suma del poder: no se trata de imponer “la Junta del Amén”, sino de respetar la Constitución y de hacer un mejor producto final de la Ley, y reivindicar la representación del Pueblo, por cuanto ello permitirá que todos estemos incluidos.