Varias semanas de tensión se vivieron tras las protestas sociales en Brasil. ¿Sus disparadores? El estancamiento económico, la corrupción y el aumento de la inflación. Un desencadenante importante fue el incremento del boleto del transporte público, que pasó de costar 3 a 3,20 reales, siendo el colectivo de San Pablo uno de los más caros del mundo.
Los demandantes reclaman mayor inversión en salud y educación, menores precios del transporte público y una mejora de su calidad. Estos reclamos se oponen al despilfarro de dinero destinado a la construcción de estadios para el Mundial de Fútbol 2014. La organización del campeonato (con toda la infraestructura que incluye la construcción y/o reforma de estadios, aeropuertos, rutas, más los gastos propios del torneo) debería costar unos 28 mil millones de reales, casi tanto como el presupuesto anual destinado a la educación.
Como respuesta a las marchas, y con el fin de resolver los problemas estructurales del país, la presidenta Dilma Rousseff prometió nuevas inversiones en servicios públicos y propuso convocar a un plebiscito para reformar la política. De acuerdo a lo que declaró el Ministro de Hacienda, Guido Mantega, cualquier medida orientada en tal sentido será mediante “un corte de gastos u otro impuesto”, ya que la aprobación de los proyectos presentados en respuesta a los reclamos de los manifestantes acarrearían gastos por 50.800 millones de reales para el tesoro público.
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