En México se activan focos rojos en la sierra de Guerrero, en el Pacífico mexicano, donde se mezclan diversos fenómenos sociales como la guerrilla donde han surgido organizaciones como el Ejército Popular Revolucionario y sus escisiones, los cárteles, los grupos paramilitares y policías comunitarias que enfrentan a la delincuencia organizada con sus usos y costumbres. La desconfianza de los habitantes hacia las policías a los que relacionan como empleados de los jefes del narcotráfico no es algo que sólo ocurre en Ayutla, uno de los más de 2200 ayuntamientos que tiene el país.
Esta es la crónica de uno de los primeros juicios por parte de pobladores a delincuentes con la vigilancia distante de elementos militares, policías estatales y municipales:
Decenas de hombres encapuchados con pasamontañas o con paliacates cubriéndoles el rostro, resguardan los accesos y avenidas principales de Ayutla, en Guerrero. “Aquí no pueden hacer lo que quieran, este es un territorio comunitario”, dice un hombre armado con un rifle, chamarra gris y huaraches, dirigiéndose a los criminales que han asolado su región.
Él es parte de un comando, mayoritariamente integrado de campesinos. Desde hace dos meses se han convertido en el centro de atención al conformarse en un ejército ciudadano que persigue a narcomenudistas, violadores, secuestradores, halcones y extorsionadores.
Mientras un helicóptero Black Hawk de la Policía Federal realiza vuelos de reconocimiento, en la comunidad El Mezón, a 15 minutos de Ayutla, la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (UPOEG) presentaba ante vecinos y periodistas a 54 detenidos. En presencia de víctimas y familiares los fueron presentando de cinco en cinco. A las 12:13 horas empezó el juicio. Uno a uno los fueron mencionando. Había tres menores de 16 años, uno de ellos acusado de formar parte de una célula de sicarios que enfrentó al Ejército y otro de extorsionar a maestros y alumnos de bachillerato, un descuartizador, un abigeo, una persona que tenía “cuatro plantas de mariguana” y los plagiarios de un comisario.
A unos cientos de metros, alrededor de 50 taxis bloquearon los accesos al poblado para exigir la liberación de la familia de un prófugo apodado El Cholo, acusado de ser el jefe de plaza de una banda del narco que logró escapar tras el secuestro del comisario de El Mezón, pero los habitantes armados fueron a su casa y detuvieron a sus padres, dos hermanos y su novia. Según los vecinos, el papá de El Cholo es el dueño de un sitio de unidades de transporte público que le sirven para halconear (informar a narcos de movimientos inusuales).
En el sonido local se escucha el testimonio de uno de los secuestrados por El Cholo: “Nos cobraron 500 pesos a la semana de cuota, pero si se los dábamos luego nos iban a pedir mil y pues no. A mí me levantaron por andar aconsejando a la gente que no les pagáramos; por mi rescate exigieron 150 mil pesos, pero ante la presión ciudadana no les quedó de otra que dejarme en libertad”.
“Un territorio con seguridad es un territorio con justicia”, explica el presentador del tribunal popular, integrado por todos los sectores de la comunidad. Carmelo García, coordinador regional de la Policía Comunitaria, dice desde el micrófono: “Hoy nace la Policía Comunitaria en la región, ojalá que saque toda la chingadera de esos que hacen mal”.
La administración del gobernador Ángel Heladio Aguirre reconoce sólo a la policía comunitaria que aglutina la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, creada en San Luis Acatlán en 1995, cuando el actual mandatario era presidente estatal del PRI.
Ante esta postura gubernamental, el sacerdote Mario Campos dice: “Muchos creen que actuamos en la ilegalidad, pero las instancias oficiales no han funcionado”. Los policías comunitarios “son nuestros nuevos patriotas y no lo hacen por dinero, sino por conciencia”.
El fuerte sol de la tarde sin viento de la sierra pega en la tierra suelta que se levanta con el paso de los vehículos. Han pasado 159 años desde que se firmara en Ayutla el plan para quitarle el poder al dictador Antonio López de Santa Anna; ahora, cientos de hombres acordaron otro pacto: el de defenderse ellos mismos, para hacerle honor al nombre de la cabecera municipal: Ayutla de los Libres.
Desde el cielo, el Black Hawk vigila a la distancia el juicio contra los 54 procesados. En tierra, rostros morenos y cuerpos que dejaron los cultivos para portar las armas observan a los extraños que han llegado a su comunidad a presenciar uno de los primeros juicios populares sin linchamiento de delincuentes.